Las grandes ciudades no se construyen solamente con buenas
obras públicas; también se construyen con buenas conversaciones públicas. Una
sociedad se degrada cuando solamente grita, acusa o se divide. Crece cuando
aprende a discutir con argumentos.
En está nuestra pagina no queremos
"Que nuestras palabras no
sirvan solamente para contar lo que sucede, sino para ayudar a construir la
ciudad que todavía no tenemos."
Esa
ciudad deberá ser más justa, más crítica y más humana. El periodismo, cuando es
útil, puede contribuir a ello sin renunciar nunca a su obligación principal:
buscar la verdad con honestidad intelectual.
En esta ocasión Se vuelven a encender el tablero de la
discusión y la polémica. La Contraloría General del Estado ha señalado que los
radares instalados en las vías de Cuenca deben estar operativos, pues fueron
adquiridos con recursos públicos y colocados con un objetivo claro: controlar
el tránsito vehicular, prevenir accidentes y salvar vidas.
En el año 2023, el alcalde Cristian Zamora dio por
terminado, de manera unilateral, el contrato para el funcionamiento de estos
dispositivos. Desde entonces, los radares dejaron de emitir multas y pasaron
únicamente a cumplir una labor preventiva.
La decisión no estuvo exenta de razones. Los
cuestionamientos sobre radares "truqueados", que habrían emitido
multas injustificadas o carentes del debido sustento técnico y legal,
provocaron el rechazo ciudadano y justificaron su suspensión. Ningún sistema de
control puede sostenerse si genera dudas sobre su transparencia y legitimidad.
Sin embargo, también es necesario analizar las
consecuencias de aquella decisión. Las cifras de contravenciones por exceso de
velocidad y los accidentes ocasionados por conductores que irrespetan los
límites permitidos obligan a preguntarnos si la solución fue apagar los radares
o corregir aquello que estaba mal.
¿Estamos premiando al conductor irresponsable y
castigando al ciudadano que sí cumple la ley? Porque quien respeta los límites
de velocidad no debería temerle a un radar correctamente calibrado y
debidamente regulado. Por el contrario, quien pone en riesgo la vida de
peatones y otros conductores sí debería enfrentar las consecuencias de sus
actos.
El debate, entonces, no debería centrarse únicamente en
si los radares deben multar o no. La verdadera discusión pasa por establecer si
estos dispositivos pueden funcionar con absoluta transparencia, sometidos a
controles permanentes, auditorías técnicas y garantías para los ciudadanos.
Ni radares convertidos en máquinas recaudadoras, ni
ciudades sin mecanismos efectivos de control. Entre ambos extremos existe un
punto de equilibrio: utilizar la tecnología para proteger vidas y no para
llenar las arcas municipales.
Porque detrás de cada multa existe un conductor; pero detrás de cada
accidente puede existir una familia destruida. Ese es el verdadero debate que
Cuenca debe enfrentar.
Que nuestras palabras no
sirvan solamente para contar lo que sucede, sino para ayudar a construir la
ciudad que todavía no tenemos
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